El Senado aprobó este martes, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos legales en materia de subcontratación.
Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención se avaló la minuta. El proyecto de ley se enviará al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación tras haber sido aprobado por la Cámara baja la semana pasada.
Si bien la legislación apunta a eliminar los vacíos fiscales y brindar condiciones más justas a los trabajadores, también se espera que los cambios aumenten los costos laborales en México, donde muchas empresas han utilizado acuerdos de externalización para limitar las tasas de participación en las ganancias. La ley introducirá sanciones penales para las estructuras corporativas que evadan impuestos.
El Gobierno de López Obrador ha compensado una caída en los ingresos fiscales provocada por la recesión del año pasado con fuertes medidas contra la evasión. El proyecto de ley de subcontratación es el último esfuerzo de su Gobierno por desafiar a la élite empresarial del país y permitirá a su partido pregonar los avances para los trabajadores antes de las elecciones parlamentarias y locales de este año.
La senadora del partido gobernante Cecilia Sánchez calificó la subcontratación como “un esquema de abuso laboral que ha permitido el crecimiento desproporcionado de empresas que, además de dañar a los trabajadores, afectan los intereses del Estado al evadir sus responsabilidades fiscales”, dijo Sánchez. “Hoy es un día histórico”.
El año pasado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que un borrador inicial del proyecto de ley presentado por López Obrador podría haber tenido un impacto económico devastador para México. Pero el CCE terminó respaldando la propuesta del presidente a principios de este mes después de negociar como compensación un límite a los pagos obligatorios de la utilidad de las ganancias.
Rodolfo Ramos, analista de Bradesco BBI en México, señaló que es probable que el impacto económico del proyecto de ley sea “manejable”, incluso si se necesita más información de las compañías.
