Ciudad de México, México.- El Senado aprobó la noche de este miércoles, con 76 votos a favor y 37 en contra, una reforma que impone penas de cárcel y multas a quienes produzcan, distribuyan o comercialicen vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos similares. La minuta establece sanciones de uno a ocho años de prisión y multas que van de 100 a dos mil UMA para quienes participen en actividades como preparación, fabricación, transporte, almacenamiento, venta o suministro con fines comerciales. Los consumidores quedaron exentos de cualquier penalidad.
Sin atender los señalamientos de la oposición, la mayoría de Morena avaló la reforma al considerar que busca proteger la salud pública. El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara rechazó que se trate de una política prohibicionista y argumentó que la libertad individual no puede trasladar a toda la sociedad los costos de las adicciones. Subrayó que el consumo de vapeadores ha aumentado de forma preocupante entre adolescentes y que estos dispositivos “no son inocuos”, pues contienen nicotina y sustancias tóxicas que dañan pulmones y sistema cardiovascular.
Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio dijo que su bancada no acompañaría la minuta debido a su “ruta prohibicionista”. Criticó que el Gobierno renuncie a regular y vigilar, y advirtió que prohibir implica no establecer estándares sanitarios, no garantizar trazabilidad ni investigar el contenido real de estos productos. “Prohibir no significa regular”, sostuvo.
El panista Raymundo Bolaños alertó que la reforma generará inevitablemente un mercado negro, pues se prohíbe producir y vender, pero se permite poseer y consumir. Señaló que ello entrega un negocio estimado en 20 mil millones de pesos al crimen organizado, sin controles ni supervisión de la Cofepris.
La priista Carolina Viggiano cuestionó la ausencia de un análisis de impacto regulatorio y acusó a la mayoría de ignorar la participación ciudadana y de actuar como si representara “al 100 por ciento del pueblo de México”. Según dijo, la reforma es “una caja negra” cuyo efecto real, costo y eficacia no han sido evaluados.
El dictamen avanzó pese a las críticas y ahora se perfila para ser turnado a la Cámara de Diputados.
