Ciudad de México, México.- Haciendo nuevamente uso del fast track legislativo, la mayoría de Morena en el Senado aprobó reformas a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cambios que la oposición calificó como un acto de “terrorismo fiscal” por ampliar las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para revisar cobros previamente declarados indebidos, duplicados o injustificados.
El dictamen fue avalado por la mañana en la Comisión de Justicia y llevado al pleno horas más tarde, donde el oficialismo prescindió del plazo obligatorio de 24 horas para su publicación. La reforma al artículo 28 elimina la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado y amplía los supuestos para interponer recursos en materia fiscal y administrativa.
“Es un sinsentido dejar a los ciudadanos sin esta posibilidad de defensa, totalmente desamparados”, expresó la priista Claudia Anaya. Desde el PAN, Ricardo Anaya advirtió que la modificación al artículo 63 abre la puerta a que, aun cuando el contribuyente gane un recurso, el SAT pueda interponer un nuevo mecanismo de revisión. Explicó que esta facultad adicional permitiría mantener bloqueadas cuentas bancarias incluso si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hubiera fallado a favor del ciudadano.
Las reformas fueron aprobadas en lo general por 64 votos de Morena, PT y PVEM, frente a 33 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Durante la votación en lo particular, la oposición intentó romper el quórum al retirarse del recinto, pero solo logró detener la sesión por unos minutos, hasta que los senadores oficialistas regresaron para completar el proceso. Finalmente, los artículos reservados se aprobaron con 66 votos a favor y 12 en contra, turnándose el proyecto a la Cámara de Diputados.
En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio cuestionó que Morena impulse reformas que fortalecen al Gobierno mientras reducen la capacidad de defensa de los contribuyentes. Señaló que la ampliación de supuestos para el recurso de revisión fiscal permitirá a la autoridad solicitar una nueva revisión incluso ante una resolución definitiva, lo que “rompe el principio de equidad procesal” y genera inseguridad jurídica y financiera.
Afirmó que las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas, al no contar con los recursos necesarios para enfrentar procedimientos prolongados.
