Senadores aprueban reforma a la Ley de Amparo

Con 83 votos a favor y 38 en contra, la reforma impulsada por Sheinbaum fue enviada al Ejecutivo para su promulgación.

Ciudad de México. — En menos de 24 horas después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado de la República avaló este miércoles las modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con 83 votos a favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM, y 38 en contra de la Oposición (PAN, PRI y MC), el dictamen fue aprobado en lo general; en lo particular, obtuvo 81 votos a favor y 37 en contra. Tras la votación, el documento fue remitido al Ejecutivo federal para su promulgación.

El Senado informó en un comunicado que los cambios buscan “perfeccionar el juicio de amparo” como mecanismo de protección de derechos fundamentales y evitar el uso abusivo de recursos judiciales que, según argumenta el oficialismo, entorpecen la recaudación fiscal y afectan el interés social.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó que el proyecto proviene de una iniciativa presentada por la mandataria federal y que las modificaciones recientes “no introducen cambios sustanciales” respecto al texto previamente aprobado. Solo se ajustaron los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, además de los transitorios primero, tercero, cuarto y quinto del decreto.

El juicio de amparo, recordó el Senado, es el principal instrumento constitucional para proteger a las personas frente a actos de autoridad violatorios de derechos humanos.

Durante el debate, la senadora Alejandra Barrales (MC) criticó la insistencia en mantener el artículo tercero transitorio, conocido como el de la “ley de desamparo”, pese a que la propia presidenta Sheinbaum había solicitado su eliminación.

“Pese a la solicitud de la presidenta, la Cámara de Diputados insiste en mantener la aplicación retroactiva”, advirtió Barrales.

La reforma, ahora en manos del Ejecutivo, ha generado controversia entre juristas y organizaciones civiles, que alertan sobre posibles retrocesos en la protección judicial de los derechos ciudadanos.

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