La publicación del Acuerdo para la confiabilidad del sistema eléctrico en el Diario Oficial va en línea con la cancelación de subastas en 2018 y el cambio de lineamientos del mercado de CELs en 2019.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo eco el domingo de las protestas emitidas durante el fin de semana por representaciones diplomáticas y organizaciones empresariales por la publicación, el viernes, en el Diario Oficial de la Federación del “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, y pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Presidencia que investigue y esclarezca las circunstancias irregulares en las que se hizo la publicación, pues a constituye a su juicio una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.
El acuerdo suspende por tiempo indefinido las pruebas preoperativas de proyectos renovables que pretenden ingresar a la red eléctrica, y es el más reciente de una serie de pasos dados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para asegurar que la CFE se mantenga como la mayor generadora de electricidad en el país, aunque no la más limpia, y que comenzó con la suspensión a finales de 2018 de las subastas para la compra de electricidad de fuentes renovables y el cambio de los lineamientos de los Certificados de Energía Limpia (CELs) para incluir a la generación de las plantas hidroeléctricas de la CFE.
El CCE dijo el domingo que con el Acuerdo la Secretaría de Energía (Sener) usurpa facultades con el fin de incidir ilegítimamente en las reglas del sector eléctrico y en las condiciones de competencia y que representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, que en el caso de los proyectos eléctricos superan los 30 mil millones de dólares.
#Comunicado | La Secretaría de Energía atenta contra la legalidad, el Estado de Derecho, la libre competencia y el bienestar de los consumidores. pic.twitter.com/wmt3Ccds83
— CCE (@cceoficialmx) May 17, 2020
Horas después de publicado el acuerdo en el DOF, en cartas por separado dirigidas a la titular de Sener, Rocío Nahle, la embajada de Canadá en México y la representación de la Unión Europea le habían reprochado que el acuerdo pone en riesgo la operación y continuidad de proyectos renovables de compañías de canadienses y europeas y amenazaba la inversión privada, en tanto que César Hernández Ochoa había presentado su renuncia al cargo de comisionado nacional de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), la entidad encargada de someter las nuevas normativas a consulta de los sectores afectados y emitir la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).
La Sener respondió el sábado 16 con un comunicado en el que señala que la disminución de la demanda durante la contingencia por Covid-19 profundizó el desbalance preexistente entre la capacidad de generación eléctrica y la demanda, comprometiendo la confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico en un momento en que se necesita garantizar la operación de las actividades esenciales y el funcionamiento ininterrumpido de la infraestructura y del sistema de salud.
Luego de indicar que la capacidad instalada de generación en México, de 80 mil MW, supera en 30 mil MW a la demanda máxima instantánea del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que al 31 de diciembre de 2019 la capacidad instalada de renovables intermitentes fotovoltaicas y eólicas en operación era de 11.86 por ciento del total, la Sener señaló que la planeación y confiabilidad del SEN requiere de una regulación económica racional, que en el caso de las energías intermitentes significa incorporar centrales que tengan disponibilidad total y proporcionen reserva de planeación y operativa, así como servicios conexos que hagan viable su funcionamiento.
El mensaje de la Sener no acalló las críticas y el domingo por la tarde la Asociación de gobernadores del PAN dijo que el acuerdo atentaba contra inversiones por más de 6 mil millones de dólares, que era aberrante la quema de combustóleo para generar electricidad y que la salvación del sector eléctrico era la salida de Manuel Bartlett de la CFE.
Todo empezó en 2019
Once meses después de la suspensión de las subastas, en octubre de 2019, el gobierno mexicano cambió las reglas para los Certificados de Energías Limpias (CELs) a fin de que las centrales eléctricas legadas limpias también tengan derecho a recibir CELs por su producción de energía y las publicó en el DOF, pero ante los juicios de amparo promovidos por generadores privados las modificaciones quedaron suspendidas y están en espera de una resolución este 2020.
Los certificados o CELs son la fuente de vida de las empresas privadas de energía renovable en el modelo de transición adoptado por México en la pasada administración, pues la ley señala que las compañías que producen electricidad con fuentes renovables como la eólica y fotovoltaica recibirían estos certificados a lo largo de 20 años en función de cada megawatt-hora producido, a fin de venderlos de manera libre en el mercado a un precio determinado por la oferta y la demanda.
Pero para que el mecanismo funcione, se estableció que las compañías que generan electricidad usando combustibles convencionales, como el gas natural y el combustóleo, tenían que suministrar a la red eléctrica un porcentaje de electricidad limpia o renovable, y ese porcentaje aumenta año con año, de modo que en 2019 era de 5.8 por ciento y en 2020 de 7.4 por ciento, pero podían cumplir con esa obligación haciendo nuevas inversiones en generación renovable, o bien comprando certificados a las compañías de renovables.
Pero no a cualquiera, sino sólo aquellas que tuvieran plantas de generación posteriores a agosto de 2014, según los lineamientos originales que regían a los CELs, lo que dejaba fuera de la jugada a las centrales de renovables anteriores a esa fecha, llamadas plantas legadas y en que incluye a las hidroeléctricas de la CFE, que representan poco más de 15 por ciento de toda la capacidad instalada del país.
Hasta antes de la llegada de este gobierno, la CFE hizo el papel de gran comprador de CELs, lo cual debilitaba sus finanzas, pues no tenía centrales de renovables posteriores a 2014 que sí pudieran recibir certificados, mientras que los suministradores privados se fortalecían con cada compra que hacía CFE a través de subastas de largo plazo o en el mercado de CELs organizado por el CENACE y celebrado cada año.
El costo para la CFE de no comprar CELs e incumplir con su cuota de renovables era una multa de entre 6 y 50 salarios mínimos por cada MW/h faltante.
“Hasta la publicación de este análisis, en enero de 2020, el mercado de CELs aún no se ha celebrado y, antes de la modificación, las plantas legadas no tenían el monto necesario para satisfacer la demanda de CELs por parte de la CFE, por lo tanto, el único mecanismo de provisión de certificados para CFE era a través de las subastas”, dice Joel Tonatiuh Vázquez, analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Antes de ser suspendidas las subastas en diciembre de 2018, se alcanzaron a realizar tres subastas, una cada año desde 2015, en el curso de las cuales el precio del MW/h se redujo de 47.7 dólares en la primera a 20.5 en la última, un récord internacional tanto en la modalidad de eólica como de fotovoltaica y que ha sido argumento central en las críticas de la Iniciativa Privada al acuerdo impuesto por la Sener.
La cancelación de las subastas dejó a CFE sin instrumentos para adquirir el volumen requerido de CELs, pero aún con un mercado de certificados en funcionamiento y con las reglas anteriores se estima que tendría déficit de 24.7 millones de CELs en 2021 y 46 millones en 2024.
Las hidroeléctricas de la CFE son plantas limpias y suministran 65.7 por ciento de toda la electricidad renovable del país, pero como son anteriores a 2014 la Sener ingresó en la Conamer el proyecto de acuerdo para reconocer a las centrales eléctricas legadas limpias la emisión de dichos certificados y que aún está en litigio.
El papel de la CFE de gran comprador de CELs producía en las finanzas públicas un impacto creciente y era incompatible con el objetivo del presente gobierno de regresar a la CFE el control del sector eléctrico, por tanto, la cancelación de las subastas era un paso lógico.
“Pero con la suspensión, la CFE se quedó sin instrumentos para contratar el volumen de certificados que requería, y se arriesgaba a acumular un déficit de 42 millones de certificados que vulneraría sus finanzas, pues las multas pueden alcanzar valores de hasta 4 mil 313 pesos por cada CEL incumplido (unos 181 mil 146 millones de pesos). Con la modificación, se eliminó este potencial riesgo a las finanzas de la CFE y se alejó la posibilidad de que las subastas sean reanudadas”, dice Vázquez.
Con el dinero recibido en las subastas, los generadores de renovables recuperaban lo invertido en sus centrales de generación e invierten en nuevas o en ampliaciones de capacidad.
“De acuerdo con los resultados de la tercera subasta, un total de 10 empresas se comprometieron a invertir un total de 2 mil 369 millones de dólares para la instalación de 2 mil 562 megawatts de nueva capacidad instalada en energías limpias”, agrega el investigador del CIEP.
Con el cambio de política, es la CFE la que debe de invertir en ampliar la capacidad de generación en el país, así que en diciembre pasado anunció que en este 2020 licitará la construcción de siete nuevas centrales con una inversión de 58 mil 643 millones de pesos y la generación de 3 mil 762 MW adicionales, pero no serán parque eólicos o fotovoltaicos sino seis plantas que funcionan con gas natural y una con combustóleo, la opción más contaminante.
“Estas centrales eléctricas tendrán costos de generación más elevados que sus contrapartes solar y eólica: Según estimaciones de la CRE, en 2019 los costos de generación para suministro básico eléctrico, utilizando la tecnología fósil más barata, se ubicaron en mil 103 pesos por MW/h, mientras que los costos de generación provenientes de las subastas eléctricas estuvieron en 552 pesos por MW/h”, dice Vázquez.
El acuerdo y las medidas que le preceden son incompatibles en un México con una demanda energética creciente y que tiene un gran potencial para el desarrollo de energías renovables, concluye el analista, además de que ponen en riesgo el complimiento el compromiso de que las energías limpias representen el 35 por ciento del total en 2024.
Fuente: http://www.aristeguinoticias.com
