La administración de Enrique Peña Nieto se caracterizó por omisiones en la agenda de derechos de niñas, niños y adolescentes, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
En un balance realizado por el director general de la REDIM, Juan Martín Pérez García, se expuso que la administración saliente obtuvo una aceptación de 24% sobre la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en comparación con otros sexenios, cuya calificación osciló entre 60 por ciento.
“Hay que destacar que Peña Nieto logró un descontento generalizado, sin profundizar en los problemas del Estado mexicano. Fue una administración de continuidad, particularmente de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón y la militarización de todo el país”.
En ese sentido, la REDIM aseveró que durante este sexenio no sólo se hizo caso omiso a las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) para garantizar los derechos humanos, sino que se ignoró a las víctimas de violaciones a garantías individuales.
También puntualizó que 53% de la población infantil, casi 22 millones de niñas y niños, se mantuvieron en pobreza de los cuales 4.7 millones están en pobreza extrema, con dificultades para alimentarse y “un número inimaginable de víctimas de explotación sexual”.
“México también fue reconocido y señalado por organismos internacionales como un gran productor de pornografía y como uno de los paraísos de turismo sexual infantil, que se comenzó a incrementar en este país cuando en Asia comenzaron a ser más duras las condenas para pederastas. En México la impunidad ha caracterizado”, acusó.
Asimismo, indicó que hay grandes retos para la próxima administración en materia de derechos humanos.
“Estamos seguros que niñas y niños nunca habían vivido en un lugar tan peligroso y con tanto dolor como en esta administración que deja Peña Nieto, confiamos que el trabajo de documentación de organismos internacionales y defensores de derechos humanos puedan ser la base para que sean sancionados los altos funcionarios que han sido responsables de la situación de la niñez en el país”.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
