La Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (Conade) otorgó indebidamente apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otras personas por más de 77 millones de pesos, afirmó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Salcedo Aquino indicó ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, que no pueden añadir más información sobre la investigación de la Conade por el sigilo procesal.
“Además tenemos por supuesto en la Conade viendo la entrega indebida de apoyos económicos a entrenadores, deportistas y otros sujetos… por más de 77 millones de pesos. También tenemos de faltas no graves, van 14 sanciones, destacando la destitución, inhabilitación de seis meses del subdirector de calidad, así como del director de alto rendimiento”, dijo el titular de Función Pública.
Al comparecer como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, el secretario afirmó que los esfuerzos de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, así como la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos, y se ha alcanzado ya el punto de inflexión, según comentarios que resaltó la dependencia en un comunicado.
Reportó que en el último año la SFP participó en 718 sesiones de los Comités de Control y Desempeño Institucional de 219 de las 241 instituciones públicas, lo cual representó un incremento de 192 por ciento respecto del periodo anterior.
“Mediante visitas de control acompañamos a 20 de los 35 programas y proyectos prioritarios del gobierno federal, con el objetivo de prevenir irregularidades, identificar áreas de oportunidad, mejorar procesos e impulsar una gestión eficiente y austera. Este acompañamiento significó una cobertura del 74%, esto es, 400 mil millones de pesos, de los 542 mil asignados”.
Expuso que para vigilar y dar seguimiento a los apoyos por 504 mil millones de pesos otorgados a 37 millones de personas, se dispuso del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales que permite homologar las características y temporalidad de la información, generar confrontas y verificar la dispersión de los recursos a los beneficiarios inscritos en 160 padrones.
Asimismo indicó que junto a las tareas preventivas están las de fiscalización, por lo que se fortaleció la Bitácora Electrónica del Seguimiento de la Obra Pública (BESOP), con lo que “tenemos la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que nos permite planear con precisión las visitas y las auditorías”. Y en lo concierne a las compras, refirió que el pasado 1 de octubre se puso en operación la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Adquisiciones.
En cuanto a la protección del patrimonio público federal, informó que se dictaminaron los estados financieros de 353 entidades y 16 proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, además de ocho fideicomisos en proceso de extinción. El universo de los recursos que se dictaminaron fue de 12 billones de pesos, destaca el comunicado de la SFP.
El secretario Roberto Salcedo afirmó que en el combate a la impunidad se sancionó a 155 licitantes y proveedores con multas en conjunto por 154 millones de pesos, 300 por ciento superior a las del año anterior. Las faltas más recurrentes fueron en proporcionar información falsa o actuar con dolo en los procedimientos de contratación, así como incumplir obligaciones contractuales.
Respecto de los procedimientos de responsabilidad administrativa, señaló que el universo fue de 9 mil expedientes, de los que 5 mil 800 se resolvieron y 3 mil continúan en proceso.
Informó que se impusieron 3 mil sanciones administrativas a 2 mil 467 servidores públicos, las cuales consistieron en mil 351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones públicas y privadas, 599 suspensiones y 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por un monto de 3 mil 658 millones de pesos.
Añadió que la SFP presentó 134 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, y falsificación de documentos; ilícitos vinculados, en su mayoría, con adquisiciones de bienes y servicios, y obras públicas.
Enfatizó que la SFP promovió la vigilancia de 66 programas con la colaboración de 68 mil Comités de Contraloría Social, conformados por 275 mil personas. También se instituyó el Padrón de Integridad Empresarial, plataforma que busca fomentar la ética y la honestidad en las empresas del país, de acuerdo con el documento de la Secretaría.
