Ciudad de México, México.- La presidenta Claudia Sheinbaum acusó al dirigente priista Alejandro Moreno, “Alito”, de haber adquirido propiedades en Campeche con recursos provenientes de lavado de dinero y corrupción, y adelantó que impulsará una reforma a la Ley de Extinción de Dominio.
En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria federal sostuvo que el caso de los terrenos ligados al líder nacional del PRI refuerza la necesidad de agilizar los procesos de extinción de dominio, ya que actualmente resultan demasiado largos, incluso en delitos de delincuencia organizada.
“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y por eso viene este esquema”, señaló Sheinbaum, al tiempo que indicó que su propuesta busca aplicar la extinción de dominio también en casos de corrupción comprobada, particularmente cuando se demuestre la compra de inmuebles con recursos ilícitos.
“Si se adquiere un predio tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y cualquier cosa la tiene que determinar un juez, pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble, y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues que se entregue a la SEP para hacer escuelas, universidades”, explicó.
El pronunciamiento ocurre tras la decisión del gobierno de Layda Sansores en Campeche, que el lunes publicó en el Periódico Oficial un decreto de “Utilidad Pública” para expropiar varios terrenos en la zona residencial de Lomas del Castillo. Entre ellos se encuentra un predio de 1.4 hectáreas a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del dirigente priista, así como otros dos registrados a nombre del arquitecto Juan José Salazar Ferrer, señalado como presunto prestanombres de “Alito”.
De acuerdo con la Fiscalía de Campeche, estos terrenos fueron recibidos por Salazar Ferrer en “dación de pago” directamente de Moreno. La presidenta recordó que, en este tipo de casos, la extinción de dominio permitiría que los inmuebles adquiridos con dinero ilícito pasen a ser patrimonio del Estado, con el fin de destinarlos a infraestructura social como escuelas y universidades.
Sheinbaum adelantó que la iniciativa de reforma será presentada en breve y que la propuesta surgió de las discusiones relacionadas con el agua, pero se ampliará para aplicarse en casos de corrupción comprobada.
