La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza interponer una protesta formal contra Estados Unidos por la detención y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, argumentando una posible violación al tratado que impide secuestros transfronterizos.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum confirmó que el asesor jurídico de Zambada entregó una carta al consulado de México en Nueva York, en la que solicita la intervención del gobierno mexicano para su repatriación y enfrentar su proceso penal en el país.
“Lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República. Ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema”, dijo la mandataria.
Explicó que la protesta no se enfoca en la defensa del narcotraficante, sino en la forma en la que ocurrió su detención y el impacto que podría tener en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Zambada denuncia “emboscada” y exige repatriación
En su carta, Zambada acusa haber sido secuestrado y llevado a EE.UU. contra su voluntad. Según su testimonio, fue citado a una reunión con el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de “El Chapo”, con la intención de mediar en el conflicto de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sin embargo, afirma que fue víctima de una “emboscada” y trasladado por la fuerza. En su misiva, advierte que su detención podría generar una crisis diplomática entre ambos países.
“Me trajeron a este país (EE.UU.) por la fuerza y bajo coacción, sin mi consentimiento y contra mi voluntad”, aseguró.
Esta es la segunda carta de Zambada. En una primera publicación en agosto de 2024, contradijo la versión oficial sobre su captura y denunció un montaje en el que presuntamente habrían asesinado a Héctor Melesio Cuén, rival político del gobernador de Sinaloa.
Impacto en la relación México-EE.UU.
La captura de Zambada provocó tensiones dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien públicamente se desmarcó de su entrega a las autoridades estadounidenses.
Ahora, la administración de Sheinbaum evalúa el impacto diplomático del caso y la posibilidad de interponer una queja formal.
“No se trata de defender a una persona, sino de garantizar que se respeten los procedimientos y la soberanía de México”, señaló la presidenta.
El caso sigue en desarrollo y podría generar un nuevo punto de fricción en la relación entre México y Estados Unidos.
