La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existe certeza de que el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez estuviera involucrado en la red de contrabando de combustibles revelada el pasado fin de semana. Durante su conferencia matutina, la mandataria lamentó la muerte del marino, quien fue hallado sin vida el 8 de septiembre en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, y expresó solidaridad con su familia.
El nombre de Pérez Ramírez había aparecido en la declaración de un testigo protegido, exdirector de la Aduana de Tampico, quien aseguró haberle entregado 100 mil pesos por orden de un supuesto operador identificado como “NK”, vinculado a Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado. Sin embargo, la Fiscalía General de la República aclaró que la muerte del marino fue un hecho de carácter personal y no un delito federal.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, defendió la labor de la Secretaría de Marina y subrayó que las acciones de algunos individuos no representan a la institución. La defensa institucional también se reforzó tras el anuncio de la detención de seis marinos, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas implicados en la red, la cual era encabezada, según las investigaciones, por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
El caso ha desatado controversia debido a que las aduanas fueron militarizadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de que las Fuerzas Armadas eran incorruptibles. La muerte de Pérez Ramírez se suma a la de otros implicados, incluido un contralmirante y una trabajadora de la Fiscalía asesinados en 2024 en el puerto de Manzanillo, Colima, tras denuncias sobre la presunta participación de familiares del almirante Ojeda en la red de corrupción.
