El Ejecutivo federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa para la creación de un registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas móviles. La propuesta busca fortalecer las investigaciones de seguridad pública, pese a que en 2022 la Suprema Corte declaró inconstitucional un sistema similar por considerarlo una violación a la privacidad.
El registro será administrado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Para su funcionamiento, los usuarios deberán presentar documentos oficiales como la credencial para votar (INE) o la CURP, y en el caso de extranjeros, un pasaporte vigente.
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación de registrar a los titulares y usuarios de cada línea, inhabilitando aquellas que no estén asociadas a una persona, con excepción de números destinados a seguridad y emergencias.
La propuesta otorga a las instituciones de seguridad pública acceso al registro cada vez que lo requieran para realizar investigaciones. Además, establece un plazo máximo de dos años para que los usuarios con líneas activas completen su registro; de lo contrario, sus líneas serán suspendidas.
En 2022, la Corte rechazó un intento previo de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, argumentando que violaba derechos humanos y representaba una injerencia arbitraria del Estado. Ahora, el Gobierno defiende la medida como una herramienta clave para el combate a la delincuencia.
