El Gobierno de México trasladó a 29 narcotraficantes a Estados Unidos, en un operativo sin precedentes que incluyó a líderes de cárteles como Los Zetas, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Entre los capos entregados está Rafael Caro Quintero, señalado por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, así como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias “Z-40” y “Z-42”, exlíderes de Los Zetas. También figuran Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana”, del CJNG, y José Jesús Méndez Vargas, el “Chango Méndez”, fundador de La Familia Michoacana.
El traslado de los criminales se realizó en aviones de la Fuerza Aérea y la Armada, sin seguir los procesos tradicionales de extradición. Las autoridades mexicanas indicaron que esta entrega se llevó a cabo en el marco de cooperación entre ambos países.
Sheinbaum acusa corrupción en el Poder Judicial
La presidenta Claudia Sheinbaum evitó detallar si se trató de una extradición y señaló que el Gabinete de Seguridad informaría del caso en una conferencia de prensa. No obstante, aprovechó para criticar al Poder Judicial, calificando su corrupción como “aberrante”.
“Es una bendición para México que este año podamos elegir a jueces, magistrados y ministros para salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción”, afirmó Sheinbaum en su conferencia matutina.
Reunión con EE.UU. y posibles aranceles
El traslado de los capos ocurrió horas antes de que integrantes del Gabinete de Seguridad se reunieran en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio. El encuentro buscó discutir la imposición de aranceles del 25% a productos mexicanos, medida anunciada por Donald Trump como respuesta al tráfico de migrantes y fentanilo.
Sheinbaum informó que su gobierno busca una reunión directa con el expresidente Trump para negociar la situación. La fecha de esta conversación se definirá en las próximas horas.
El operativo de entrega de los narcotraficantes marca un momento clave en la cooperación entre México y EE.UU. en materia de seguridad, mientras el gobierno mexicano enfrenta presiones por el combate al crimen organizado y el tráfico de drogas.
