En una nueva fase del Caso Ayotzinapa, los 8 militares acusados por presunta vinculación con el grupo criminal Guerreros Unidos optaron por reservarse el derecho a declarar ante la juez federal encargada del caso. Alejandro Robledo Carretero, defensor de los soldados, confirmó que también solicitaron duplicar el término legal para que se defina su situación jurídica, siendo el próximo miércoles la fecha límite para conocer si se les dicta o no formal prisión.
Los procesados, actualmente internados en el Campo Militar Número 1, aguardarán la resolución de Raquel Duarte Cedillo, juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca. En caso de recibir la formal prisión, permanecerán detenidos, ya que la acusación se realiza bajo las reglas del sistema de justicia tradicional, donde el delito de delincuencia organizada implica una privación de libertad provisional.
Es importante destacar que la imposición de formal prisión no impide que los militares puedan litigar para llevar el proceso en libertad, aunque el veredicto final quedará a cargo de la mencionada juez.
Los 8 militares señalados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes formaban parte de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero al momento de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala en septiembre de 2014.
Cabe recordar que, el pasado 13 de junio, la juez Duarte Cedillo ordenó la aprehensión de 16 militares de dichos batallones por el delito de desaparición forzada, incluyendo a los ahora acusados. Tras entregarse a la Fiscalía General de la República, la juez dictó formal prisión en esa ocasión. Sin embargo, el 24 de enero pasado, obtuvieron la libertad provisional bajo condiciones.
La Secretaría de Gobernación anunció la intención de pedir a la FGR nuevas órdenes de aprehensión, lo que llevó a la reciente detención de 3 de los soldados, mientras que los 5 restantes optaron por entregarse nuevamente a la autoridad. La nueva acusación señala que Guerreros Unidos pagaba una nómina de militares de los Batallones 27 y 41 de Infantería, según los testimonios del testigo protegido “Juan”, y está relacionada con la desaparición de los normalistas en 2014.
