Tres días antes de que se venciera el plazo, el gobierno de México, a través de la Cancillería, solicitó ayer a España la extradición del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, para que enfrente a la justicia por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó el expediente el pasado 20 de marzo, mismo que entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que hizo la petición ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, informaron fuentes judiciales.
Debido a la contingencia por el coronavirus, la Audiencia Nacional Española podría demorar en resolver el caso Lozoya Austin, pues esa nación europea se encuentra paralizada en casi todo el sector público, incluyendo el Poder Judicial.
Lozoya Austin fue detenido en febrero pasado por la Policía Nacional española, adscrita a la Interpol, en la provincia portuaria de Málaga, España. Al ser privado de su libertad, se identificó con una licencia de conducir falsa de la Ciudad de México.
El funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto es requerido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal federal de la Ciudad de México para ser enjuiciado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con una pena máxima prevista de 15 años.
La FGR tiene dos acusaciones en su contra: en la primera se sostiene que durante su gestión en Pemex realizó una presunta compra fraudulenta de una vieja planta de fertilizantes en el complejo veracruzano de Pajaritos, pues se pagó 57% más de su valor real.
La segunda imputación contra Lozoya Austin está relacionada con una cuenta bancaria a su nombre en un paraíso fiscal del Caribe, donde habría depositado sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por 10.5 millones de dólares.
“Adquirió un bien inmueble dentro del territorio nacional, con conocimiento de que los recursos utilizados proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen o propiedad de los recursos o alentar una actividad ilícita con contubernio con los imputados Alonso Ancira Elizondo y Gilda Susana Lozoya Austin”, señala la FGR.
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