El pasado 1 de junio, México celebró por primera vez elecciones para designar a más de 2,600 cargos del Poder Judicial, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Sin embargo, la jornada electoral registró una participación ciudadana de apenas el 13%, según estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
Esta elección forma parte de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Morena, que busca democratizar la justicia y reducir la impunidad. No obstante, la baja asistencia a las urnas ha generado críticas y cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. La oposición, por su parte, llamó al boicot, argumentando que la reforma podría debilitar la independencia judicial.
Durante la jornada electoral, se reportaron diversas irregularidades, como propaganda ilegal y una reducción significativa en el número de casillas, pasando de 172,000 a 84,000. Además, la complejidad del sistema y la falta de información sobre los candidatos contribuyeron a la confusión y desinterés de los votantes.
A pesar de estos desafíos, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la elección como “todo un éxito”, argumentando que una elección universal no tendría sentido si el propósito fuera controlar al Poder Judicial.
Los resultados oficiales se darán a conocer el 15 de junio, mientras que otros 1,400 cargos serán elegidos en 2027 para completar la renovación judicial.
