El Estado mexicano podría pagar más de 20 millones de pesos por indemnizaciones parciales a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, en la que se ordenó la creación de una comisión de la verdad para investigar el caso Iguala, los magistrados sugirieron el pago de 500 mil pesos de indemnización parcial a cada una de las familias de los normalistas.
La entrega del pago sería, según el Colegiado, un buen gesto por parte del Estado mexicano hacia las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, ocurridos en Iguala, Guerrero.
“Tomando en consideración las necesidades que están padeciendo los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, en cuya afectación habrían intervenido diversas autoridades, sería un buen gesto del Estado mexicano anticipar una indemnización parcial a favor de los familiares”, indicaron los magistrados.
De aceptar el pago, implicaría que el Estado tendría que entregar 21.5 millones de pesos en total.
Los magistrados indicaron que ello no liberaría al gobierno de la obligación de encontrar a los estudiantes, esclarecer los hechos, procesar y sancionar a los responsables, además de reparar integralmente el daño a todas las víctimas, entre las que también se cuentan los integrantes de Los Avispones de Chilpancingo y sus familiares.
El fallo evidenció que la investigación de la PGR en el caso Iguala puso énfasis únicamente en las pruebas que coinciden con las declaraciones de los inculpados, y que la dependencia dio un peso “excesivo” a la llamada verdad histórica, difundida por el ex procurador Jesús Murillo Karam, sobre el asesinato e incineración de los 43.
El colegiado consideró “prudente y saludable” que la investigación quede a cargo de nuevos ministerios públicos: “Sólo de esta forma se podrán contrarrestar y vencer los defectos e irregularidades de la investigación precedente que, en general, estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula, y el depósito de sus restos en el Río San Juan.
“De esta manera, al conceder un peso excesivo a la referida versión de los hechos, se dejaron de explorar otras líneas de investigación”, observó el colegiado.
Los magistrados exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto para que facilite que la comisión de la verdad opere adecuadamente en la nueva etapa de investigación que deberá realizar el Estado.
“Se le solicita al presidente [Peña Nieto] gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias para que apoyen demás facilidades que requiera la referida comisión”.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
