La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aprobado iniciar el proceso para extinguir seis fideicomisos, lo que permitirá liberar 7 mil 177 millones de pesos destinados a financiar la elección judicial de 2025 y las liquidaciones de juzgadores que dejen sus cargos. La decisión fue tomada en una sesión privada, donde la Ministra Lenia Batres informó que la Presidenta del Tribunal, Norma Piña, comenzará los trámites correspondientes.
Esta medida se enmarca en el décimo transitorio de la reforma judicial publicada el 15 de septiembre, que establece la necesidad de extinguir fideicomisos que no estén previstos en leyes secundarias. Entre los fideicomisos a extinguir se encuentran aquellos destinados a pensiones complementarias, gastos médicos extraordinarios y el Fondo Jurica, que ha permanecido ocioso durante años.
La votación para acatar el transitorio fue unánime, aunque la autorización para que Piña firme los convenios de extinción fue aprobada por mayoría de siete votos. Es importante destacar que la extinción de estos fideicomisos no afectará los pagos vitalicios de los Ministros en retiro, los cuales se financian a través del presupuesto anual de la Corte.
El transitorio establece un plazo máximo de 90 días naturales para que se realicen los actos necesarios para la extinción, con la obligación de transferir los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación. Estos fondos se utilizarán para implementar la reforma judicial, incluyendo la financiación de la elección de 881 juzgadores federales, cuyo costo ha sido estimado en 13 mil 200 millones de pesos por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque el Gobierno había considerado usar estos recursos para la reconstrucción de Acapulco, la prioridad ahora es cumplir con el mandato constitucional de financiar la reforma judicial. Sin embargo, el proceso enfrenta complicaciones debido a suspensiones otorgadas por jueces federales en relación con cuatro fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, que al cierre de septiembre acumulaban casi 10 mil millones de pesos.
Nacional Financiera (Nafin) actúa como fiduciaria de la mayoría de estos fideicomisos y ha sido señalada en amparos por personal judicial que busca proteger los fondos destinados a pensiones y prestaciones médicas. Aunque el décimo transitorio ordena que el presupuesto anual contemple fondos para estas prestaciones, su disponibilidad queda sujeta a lo que se establezca en leyes o condiciones generales de trabajo.
Cabe recordar que, en 2023, se intentó extinguir estos fideicomisos mediante una reforma a la ley secundaria, pero esta fue suspendida por amparos y decisiones judiciales. La actual reforma constitucional, sin embargo, no puede ser impugnada ni detenida, aunque el Consejo de la Judicatura Federal y Nafin deberán decidir cómo proceder ante las suspensiones vigentes para llevar a cabo la extinción.
