Ciudad de México, México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para mantener vigentes los decretos emitidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador que permiten la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como autos chuecos, un programa que ha beneficiado a más de dos millones de unidades en el país.
El Pleno del máximo tribunal discutirá este jueves un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que propone desechar el primero de los múltiples amparos interpuestos por asociaciones de distribuidores de automóviles contra el decreto presidencial.
De acuerdo con cifras oficiales, entre 2022 y 2024 se han regularizado 2 millones 174 mil 403 vehículos en Nuevo León y otros quince estados del norte y centro del país.
La ministra Esquivel planteó que las asociaciones de distribuidores carecen de “interés legítimo o jurídico” para impugnar los decretos, por lo que no están facultadas para promover amparos en contra de las medidas que permiten legalizar automóviles extranjeros mediante el pago de 2 mil 500 pesos al Gobierno federal. Estos recursos, según el decreto, se destinan a obras de pavimentación y reparación de caminos.
“El objeto social de la quejosa está relacionado con los concesionarios y fabricantes de vehículos nuevos, pero no con la venta o regularización de autos usados de procedencia extranjera”, señala el proyecto.
El documento agrega que para acreditar un interés legítimo, las asociaciones tendrían que demostrar una afectación “cualificada”, es decir, un perjuicio específico que las distinga del resto de la población. “No basta con la escritura constitutiva de una asociación civil ni con el hecho de velar por los intereses generales del sector automotriz”, puntualiza.
El amparo que revisará la Corte fue promovido por la Asociación de Distribuidores de Automotores del Estado de Tamaulipas y ya había sido desechado en primera instancia por un juez federal. Si el Pleno respalda el proyecto, se consolidará el criterio de que los grupos empresariales del sector automotriz no pueden impugnar la legalización de autos extranjeros, con lo cual el programa continuará vigente hasta 2026, como fue extendido por López Obrador en los últimos días de su mandato.
Las asociaciones que promovieron los recursos, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), han advertido que los decretos afectan la venta de autos nuevos y fomentan la impunidad al “legalizar el contrabando automotriz”.
El proyecto de Esquivel solo requiere el respaldo de cuatro ministros adicionales para ser aprobado y, de concretarse, marcaría un precedente sobre los límites de las organizaciones privadas para impugnar políticas públicas en materia económica y fiscal.
