Ciudad de México, México.- El Órgano de Administración Judicial (OAJ) salió al paso de las críticas por la adquisición de camionetas blindadas de lujo, con un costo superior a 3 millones de pesos por unidad, destinadas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al argumentar que la decisión respondió a incidentes reales de seguridad y a la obligación institucional de proteger a los integrantes del máximo tribunal.
En un comunicado difundido cerca de la medianoche, el organismo explicó que el parque vehicular heredado de la anterior administración del Poder Judicial de la Federación (PJF) ya no ofrecía condiciones mínimas de protección, lo que colocaba en riesgo a sus usuarios, particularmente a quienes desempeñan funciones constitucionales de alta responsabilidad.
El OAJ señaló que, en el caso específico de la SCJN, se tuvo conocimiento de diversos episodios de riesgo derivados del uso de unidades obsoletas, situación que hizo evidente la necesidad urgente de contar con vehículos confiables, técnicamente adecuados y en óptimas condiciones de seguridad.
De acuerdo con el órgano judicial, operar con unidades que no garantizaban protección representaba un riesgo previsible que no podía mantenerse. Por ello, sostuvo que la decisión de renovar el parque vehicular se tomó bajo el principio de prevención y de resguardo institucional, especialmente en los niveles jerárquicos que así lo requieren dentro de la Corte.
En materia financiera, el OAJ aseguró que la renovación del parque vehicular generará un ahorro estimado de mil 98 millones de pesos para el PJF. Detalló que se adquirieron 571 vehículos, una inversión que equivale al 68.8% de lo que se gastaba en un solo año bajo el esquema de arrendamiento utilizado por la administración anterior.
El organismo retomó lo señalado previamente por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que la compra de los automotores permitió evitar un gasto superior a los mil millones de pesos, al abandonar el modelo de renta que estuvo vigente entre 2022 y 2025.
Según el OAJ, mantener ese esquema habría implicado un desembolso anual de 366.2 millones de pesos, con contratos de al menos tres años. En contraste, la inversión de 252 millones de pesos, realizada en el último trimestre de 2025, permitirá cubrir desde 2026 las necesidades de movilidad del propio OAJ, de la SCJN y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El comunicado agregó que 124 de las unidades adquiridas son híbridas o eléctricas, lo que permitirá reducir en alrededor de un 30% el gasto en combustible, además de disminuir el impacto ambiental.
En cuanto al mantenimiento, el órgano estimó una reducción de al menos 70% en los costos, al dejar atrás vehículos que presentaban fallas recurrentes, consumos elevados y prolongados tiempos en talleres, factores que afectaban la operación cotidiana del Poder Judicial.
Finalmente, el OAJ subrayó que, a diferencia del esquema de arrendamiento, la compra de los vehículos permitirá su venta a valor de mercado al final de su vida útil, evitando que se conviertan en chatarra sin beneficio alguno para la institución.
