En una decisión tomada este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado la reserva de los contratos gubernamentales para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 por un período de cinco años. Esta medida se ha fundamentado en posibles riesgos para la seguridad nacional.
Sin embargo, la SCJN ha aclarado que se permitirá la divulgación de una versión pública de estos contratos de compra de vacunas, siempre que no contengan información confidencial, como datos personales.
En un comunicado oficial, la Suprema Corte de Justicia informó que el pleno ha considerado válidos dos recursos de revisión relacionados con la seguridad nacional, presentados por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Estos recursos se oponían a las resoluciones emitidas previamente por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La SCJN detalló que el INAI había solicitado a la Secretaría de Salud que proporcionara una versión pública de los contratos de compra de vacunas celebrados con las farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer, CanSino, Sinovac, Sputnik, Serum y el mecanismo COVAX. No obstante, los aspectos relacionados con las condiciones esenciales de estos contratos serán reservados durante un período de dos años.
En su comunicado oficial, la Suprema Corte destacó que, en la sesión de este lunes, se han modificado las resoluciones emitidas por el INAI, extendiendo el período de reserva a cinco años y permitiendo la divulgación de una versión pública de los contratos.
Además, la Suprema Corte de Justicia subrayó que, en el caso del mecanismo de adquisición de vacunas COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya existe una versión pública que fue divulgada previamente por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cumpliendo así con la solicitud inicial del Instituto Nacional de Transparencia.
