El presidente Andrés Manuel López Obrador y los 18 gobernadores y gobernadoras de Morena rompieron la veda diseñada para mantener la equidad de la revocación de mandato, confirmó el Tribunal Electoral en dos debates realizados este martes.
Por unanimidad de votos, se reiteraron las medidas cautelares dictadas por el INE para borrar las publicaciones y exhortar al Presidente para que tenga especial cuidado en sus declaraciones.
El sitio de internet del presidente López Obrador y sus redes sociales oficiales publicaron información sobre las reuniones de trabajo que el servidor público llevó a cabo el 12 y 13 de febrero pasados en el estado de Sonora, lo que corresponde a propaganda gubernamental difundida durante un periodo prohibido.
El criterio del INE y ahora del Tribunal es que las publicaciones resaltan acciones realizadas por el Poder Ejecutivo federal y difunden actividades gubernamentales, principalmente la realización de obra pública. “De este modo, el Poder Ejecutivo federal destacó beneficios que reportaban a los habitantes de ciertas zonas, por lo que sí se consideró propaganda gubernamental”.
López Obrador impugnó la determinación, pero al analizar el tema los magistrados confirmaron la determinación.
En otro debate, se concluyó que 18 gobernadores, gobernadoras y la jefa de gobierno de la Ciudad de México violaron la misma legislación al emitir un comunicado en apoyo al presidente de la República.
Para los magistrados, “la difusión del comunicado sí podría ser contraria a lo establecido en la Constitución federal y en la Ley Federal de Revocación de Mandato”.
Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior mencionaron que para que las expresiones emitidas por servidores públicos sean consideradas propaganda gubernamental no se requiere necesariamente acreditar que éstas sean financiadas con recursos públicos, sino, para efectos de las medidas cautelares, es necesario que dichas expresiones están relacionadas con informes, logros de gobierno, beneficios o compromisos cumplidos por parte de algún representante público.
La Sala Superior determinó que las restricciones en materia de propaganda gubernamental pueden materializarse a través de todo tipo de medio de comunicación social —incluyendo las redes sociales. En este sentido, resaltó que, si bien los funcionarios gozan de libertad de expresión, también tienen un especial deber de cuidado de sus actos y expresiones con motivo de sus funciones, dice el comunicado del tribunal.
