Ciudad de México, México.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abrió un proceso por presuntas faltas graves contra varios integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), incluido su ex presidente Lorenzo Córdova, por la decisión que tomaron en 2021 de aplazar la consulta de revocación de mandato del entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, ejercicio que finalmente se realizó en abril de 2022.
El procedimiento fue iniciado después de que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE entregó un informe en el que atribuye una posible responsabilidad administrativa por abuso de funciones a los consejeros que participaron en la votación. Entre los señalados se encuentran Lorenzo Córdova, los ex consejeros Ciro Murayama y Roberto Ruiz, así como las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala, y el consejero Jaime Rivera, quienes continúan en funciones.
Al tratarse de una presunta falta grave, corresponde al TFJA revisar el caso y, en su caso, determinar una sanción. El abanico de posibles consecuencias incluye inhabilitación hasta por veinte años para ocupar cargos públicos. Aunque también se contempla la destitución de quienes aún integran el Consejo General, permanece la duda sobre si el Tribunal tiene la facultad de remover a funcionarios de un organismo autónomo cuyos nombramientos recaen en la Cámara de Diputados.
La consejera Dania Ravel cuestionó el trasfondo de la investigación y subrayó que la decisión de aplazar la consulta se tomó con criterios jurídicos, técnicos y operativos propios de un órgano autónomo. “Es difícil no ver un matiz político… me parece complicado sostener que esto constituya una infracción administrativa”, afirmó en entrevista.
Las actuaciones del OIC han desatado críticas por el riesgo que implicarían para la independencia del INE al momento de emitir sus resoluciones. La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, rechazó que los consejeros puedan ser investigados por el sentido de su voto, y el organismo electoral solicitó ser reconocido como tercero interesado en el proceso.
La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA acordó el 3 de noviembre iniciar el procedimiento 1676/25-RA1-01-1, cuya admisión fue notificada el día 11. Esto implica que el Tribunal reconoce la naturaleza grave de la acusación. El caso fue turnado a la Magistrada María Ozana Salazar Pérez, designada en 2018 por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
