Ciudad de México— El capítulo laboral convenido en la renegociación del acuerdo bilateral, entre México con Estados Unidos, obligaría al país a cumplir con los compromisos firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de libertad de asociación sindical y justicia laboral.
“El capítulo laboral incluye un anexo sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, en virtud del cual México se compromete a adoptar medidas legislativas específicas para prever el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva”, señala el documento de la Oficina de Representación Comercial de EU (USTR, por sus siglas en inglés).
Se trata del cumplimiento del convenio 98 de la OIT, previsto en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, donde se terminaría con los contratos colectivos de protección, lo que significa abrir los contratos colectivos y el registro de sindicatos para que los trabajadores puedan decidir libremente en cuál sindicato quieren estar.
“Mediante los contratos colectivos de protección lo que se hace es evitar una negociación colectiva verdadera, los trabajadores se ven obligados a pertenecer a un sindicato y se les impide que puedan elegir” , dijo de Óscar De Buen, experto en materia laboral.
Además, estos contratos impiden la negociación colectiva, ya que se abaratan las condiciones de trabajo en el mercado laboral mexicano, por lo que Estados Unidos queda en un escenario de competitividad desfavorable, de acuerdo con el experto.
Con esta medida, establecida ahora entre ambos países, se garantizará la protección de los trabajadores a la libre afiliación sindical, sin condicionar el empleo del trabajador a la afiliación a un sindicato o que se deje der ser miembro de alguno.
El cumplimiento de este convenio ya estaba previsto en las leyes secundarias de la reforma laboral, las cuales se aprobarían en febrero pasado, sin embargo, legisladores se opusieron a su discusión.
En las leyes secundarias se establece la eliminación de juntas locales de conciliación y arbitraje para dar lugar a los tribunales laborales, lo cual significa que la justicia laboral pasaría al sector judicial, quitándole a los gobernadores el control de estos acuerdos.
“Es un convenio que obliga al Gobierno a fomentar la negociación colectiva dentro de las empresas y los propios organismos gubernamentales”.
Fuente: diario.mx
