Era octubre de 2014 y la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tenía que dar respuestas al país sobre la desaparición, la noche del 26 y 27 de septiembre anterior, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
En la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) estaba Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los primeros detenidos por el caso que la PGR consideró como una de las “piezas clave” en su investigación.
Al mismo tiempo, en esa habitación para detenidos de la SEIDO, en ese entonces encabezada por Felipe Muñoz Vázquez, estaban dos testigos colaboradores —cuya identidad y actividades con la PGR fueron corroboradas por EL UNIVERSAL—, quienes presuntamente trabajaron para Los Zetas.
—¿Cómo deshacen ustedes los cuerpos? —les preguntó el exmando de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, a las dos personas, cuyos nombres clave se omiten por temor a represalias, pero que colaboraron con la PGR entre 2010 y 2015 para enjuiciar a importantes capos como Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, entre otros.
—El cártel de Los Zetas deshacía los cuerpos en tambos con ácido o diesel, los meten ya desmembrados y los mueven para que se deshagan y queden solamente cenizas —respondieron ambos testigos colaboradores casi al mismo tiempo.
—¿Escuchaste? —se dirigió Zerón de Lucio en ese momento a Reyes Landa, a quien sus hombres torturaban frente a los testigos colaboradores que fueron llevados a la habitación, donde vieron “golpes en la cabeza, toques en partes del cuerpo y asfixia contra el joven que vestía una playera rota y un pants sucio”.
Ambos revelaron a EL UNIVERSAL que a Reyes Landa, quien ya está en libertad porque fue torturado, lo tenían sentado en una silla metálica, esposado y con grilletes en los pies.
—Eso vas a decir —le remarcó Zerón de Lucio, a lo que, según un testigo, El Pato respondió, casi sin aliento por los golpes propinados: “Sí, jefe, sí, jefe”.
Fueron los primeros cimientos de lo que luego se convertiría en la llamada verdad histórica del caso Iguala, que el próximo jueves 26 de septiembre cumple cincos años de haber ocurrido.
Construcción de la versión oficial
“[El Pato] escuchó lo que decíamos y después le dijeron [Tomás Zerón y Carlos Gómez Arrieta, exmando de la Policía Federal Ministerial] que lo más creíble era que a los normalistas los habían calcinado”, detalló un testigo.
La verdad histórica se sustenta en los dichos de Reyes Landa , Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje, quienes fueron los primeros detenidos.
Según su declaración ante el Ministerio Público de la Federación, los normalistas fueron asesinados y luego calcinados con diesel, llantas y todo lo que encontraron para mantener el fuego en el basurero municipal de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó en su investigación, de más de un año, que no se registró ningún incendio en ese lugar en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, días en los que se registraron los hechos en Iguala.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que en el tiradero no fueron quemados los estudiantes, según un peritaje suyo, contrario a lo que concluyó la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con los testigos, El Pato fue torturado casi una hora en la habitación de la SEIDO y tras su interrogatorio, dijo al Gran Diario de México uno de los testigos, “nos dijeron: ‘Muchas gracias’ y nos sacaron”.
Aseguró que estuvieron varios días en la misma habitación con Reyes Landa; sin embargo, no dejaron que tuviera comunicación entre ellos: “Como a los cinco o seis días se lo llevaron”.
“Me consta que en varias oficinas de la SEIDO, en aquel entonces el mismo personal golpeaba gente (…) Creo que también le pidieron ayuda a Salvador Quintanilla, El Pitufo, el testigo protegido estrella de la PGR para construir esa narrativa, porque luego se escapó y ya no supimos nada de él”, aseveró.
El testigo colaborador ofreció su declaración a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, pero no lo han recibido.
“Hace dos años me hablaron de que tengo un asunto en Matamoros, en el mismo juzgado donde está el caso Iguala. El actuario me empezó a notificar que los protocolos de Estambul los iba a revisar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos [CNDH] y las peticiones que hacía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH] con relación a varios integrantes de Guerreros Unidos, en específico de El Gil, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa”, afirmó.
A cinco años del caso, se ha liberado a 77 de los 142 implicados.
Fuente: AGENCIAS
