Ciudad de México, México.- A dos semanas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre, las causas del accidente permanecen sin esclarecer, mientras crece la exigencia de justicia por parte de familiares, sobrevivientes y docentes. El siniestro dejó 14 personas fallecidas, 109 lesionadas y provocó la suspensión total de operaciones de la Línea Z, uno de los proyectos emblemáticos impulsados por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo costo final ascendió a cerca de 14 mil millones de pesos.
El accidente ocurrió en plena temporada vacacional, cuando uno de los cuatro vagones de pasajeros se precipitó a un barranco de aproximadamente 50 metros en la curva conocida como “La Herradura”, en el Istmo de Tehuantepec. A bordo viajaban 241 personas, entre ellas familias originarias de la región y de otras entidades del país.
Entre las víctimas mortales se encuentran Camila, estudiante de 15 años del Conalep de Salina Cruz, e Israel Gallegos, periodista oaxaqueño, quien viajaba con su esposa tras haberse casado recientemente. Sus muertes se han convertido en símbolo del dolor y la indignación que rodean el caso.
Familiares y sobrevivientes coinciden en la necesidad de una investigación exhaustiva que determine si existieron omisiones, fallas humanas, actos de corrupción o deficiencias estructurales en la infraestructura ferroviaria. A lo largo del trayecto, incluso en las inmediaciones del punto del descarrilamiento, se observan durmientes en aparente mal estado, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la seguridad de una obra inaugurada hace apenas dos años.
La respuesta inicial a la emergencia recayó en gran medida en comunidades rurales cercanas, como Chivela, cuyos habitantes improvisaron rescates y camillas para auxiliar a los heridos en una zona de difícil acceso. Mientras tanto, familiares denunciaron tardanza en la información oficial y falta de acompañamiento oportuno.
En paralelo, sobrevivientes ya presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, al considerar que el descarrilamiento pudo derivar de negligencias y corrupción. La exigencia central es clara: verdad, responsabilidades y garantías de seguridad antes de cualquier reanudación del servicio.
