En el aniversario número 18 del colapso en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, las familias de los 65 mineros fallecidos continúan exigiendo justicia y el rescate de los cuerpos sepultados. A pesar de los esfuerzos, solo dos cuerpos fueron recuperados tras la explosión en 2006.
Familias denuncian incumplimiento de promesas gubernamentales
En el evento conmemorativo, Elvira Martínez Espinoza, viuda de uno de los mineros, expresó la frustración de las familias que llevan 18 años luchando por la recuperación de sus seres queridos. Señalaron el incumplimiento de las promesas gubernamentales de sacar los restos y exigieron verdad, justicia y medidas para evitar que tragedias similares se repitan.
Descontento con la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
En julio de 2020, se anunció que la CFE sería responsable del rescate, generando desacuerdo entre las familias debido a la falta de experiencia de la empresa en rescates mineros y minas de carbón. Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos, destacó la inexperiencia de la CFE y la falta de seguimiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Compromisos presidenciales y desafíos futuros
Aunque el presidente prometió visitar Pasta de Conchos cada seis meses, dejó de cumplir con este compromiso. Recientemente, se comprometió a emitir un decreto y asegurar fondos para el rescate antes de finalizar su mandato en septiembre de 2024. Las familias, sin embargo, insisten en vigilar de cerca el proceso y expresan su desgaste al ver que el propietario de la mina, Germán Larrea, incrementa su fortuna.
Esperanza en la próxima administración
Las familias enfocarán sus esfuerzos en garantizar que la actual administración avance en el rescate y que la sucesora, posiblemente Claudia Sheinbaum, priorice la justicia en este caso. Auerbach resalta la importancia de emitir el decreto y asignar fondos para asegurar que el rescate avance.
Antecedentes y evaluación de la CIDH
El 19 de febrero de 2006, 65 trabajadores murieron en Pasta de Conchos, y solo dos cuerpos fueron recuperados. En 2018, la CIDH evaluó la responsabilidad de las autoridades mexicanas en la tragedia, ocho años después de que los familiares llevaran el caso. En 2019, López Obrador se comprometió a recuperar los cuerpos, pero las familias continúan esperando acciones concretas.
