El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, ha sido declarado responsable de violar los derechos de la naturaleza y de la comunidad maya en el sur del país. Este miércoles, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto histórico calificando la situación como un ecocidio y un etnocidio.
El informe del Tribunal destacó la vulneración de los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes han sido tradicionalmente guardianes de su territorio, incluyendo cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos ancestrales. Los juristas, economistas y ambientalistas internacionales que firman el veredicto consideran que esta obra representa un crimen ambiental y cultural, y responsabilizan al Estado mexicano por ello.
El Tren Maya, cuya inauguración está prevista para diciembre, ha estado rodeado de controversia desde el inicio de su construcción debido a las denuncias sobre la destrucción de la biodiversidad en el sur de México, una región rica en humedales, cenotes, ríos subterráneos y selva, además de un valioso patrimonio cultural.
El proyecto contempla la construcción de 1.554 kilómetros de vías para un tren turístico, de carga y de pasajeros locales en los estados del sureste mexicano: Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Organizaciones ambientalistas presentaron amparos para detener la obra, pero el presidente López Obrador declaró el proyecto como de seguridad nacional e interés público, lo que impidió la divulgación de información y las investigaciones sobre posibles irregularidades.
El veredicto del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza destaca que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a mantener sus ciclos vitales sin alteraciones humanas. También se menciona la violación del derecho al agua como fuente de vida, a la salud integral y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
Entre las principales afectaciones documentadas se encuentran la contaminación de acuíferos, la deforestación con la tala de hasta 10 millones de árboles, la extinción de flora y fauna y la destrucción de cenotes.
En relación con los derechos de las comunidades originarias, el Tribunal denuncia la falta de consulta para que el Tren Maya atraviese sus territorios y la militarización de la región para supervisar el proyecto.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza exige al Gobierno mexicano una auditoría independiente, en colaboración con las comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También solicita reparar y restaurar los ecosistemas afectados y suspender la expropiación de tierras ejidales.
El veredicto será entregado a López Obrador y a instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos México (CNDH), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
