La Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación desechó, por mayoría de votos, varias impugnaciones presentadas por jueces y ciudadanos que denunciaban presuntas irregularidades en la elección judicial del 1 de junio. Las quejas incluían la falta de paridad de género, vínculos de evaluadores con el partido Morena y la falta de claridad sobre los puestos a ocupar.
Entre los reclamantes, tres jueces argumentaron que en el sorteo para renovar la mitad de los puestos del Poder Judicial se incluyó a mujeres que habían accedido a sus cargos mediante acciones afirmativas. El magistrado Reyes Rodríguez apoyó esta postura y propuso revocar la convocatoria del Senado para la elección. Sin embargo, su propuesta solo obtuvo un voto más, frente a tres en contra.
En el contexto de las magistraturas, la situación es alarmante: los hombres representan el 80.2% y las mujeres solo el 19.8%. Aunque casi la mitad de las mujeres en estos puestos serán relevadas, la propuesta de Rodríguez enfatizó que incluso con medidas para asegurar postulaciones paritarias, esto sería insuficiente para alcanzar una verdadera paridad en los resultados.
Además, el Tribunal desechó impugnaciones relacionadas con la composición de los Comités de Evaluación, que fueron cuestionados por contar con integrantes vinculados a partidos políticos. Rodríguez señaló que dos miembros del Comité de Poder Legislativo están objetivamente relacionados con el Partido del Trabajo y Morena, lo que compromete la imparcialidad del proceso.
El magistrado destacó inconsistencias en la convocatoria, como la falta de información clara sobre el número de cargos en disputa. Por ejemplo, el Comité del Legislativo reportó 35 cargos en el Primer Circuito en materia administrativa, mientras que otros poderes solo reconocen 32.
La votación final reflejó divisiones en el Tribunal: la magistrada Janine Otálora apoyó la revocación de la convocatoria, mientras que los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Alfredo Fuentes Barrera votaron a favor de confirmarla. Los argumentos a favor de la confirmación se basaron en la discrecionalidad de cada órgano para emitir convocatorias y en la reciente reforma judicial que limita las prohibiciones sobre vínculos con partidos políticos.
