Legisladores del PRD y el colectivo Conciencia y Libertad Ciudadana aseguraron que esa ley no soluciona el problema de inseguridad que tiene el país y debe ser reformada.
El PRD en la Cámara de Diputados y representantes del colectivo Conciencia y Libertad Ciudadana urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a resolver los recursos de inconstitucionalidad y las controversias sobre la Ley General de Seguridad Interior (LSI).
Rafael Hernández Soriano, secretario de la Comisión de Gobernación, destacó que los tres amparos concedidos recientemente por dos jueces contra la polémica ley, generan incertidumbre sobre su aplicación mientras el máximo tribunal no se pronuncie en definitiva.
Acompañado por integrantes de dicho colectivo, a la cual se le concedió uno de esos amparos colectivos (el 118/2018) respecto a la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para realizar tareas de seguridad pública, el diputado afirmó que la ley aprobada en diciembre tiene que ser reformada, pero es indispensable que antes la Corte se pronuncie para iniciar el proceso legislativo.
“La Ley de Seguridad Interior ha sido muy cuestionada desde el inicio del proceso legislativo por la forma en que se presentó, adolece de una consulta a especialistas, a organizaciones nacionales e internacionales que no fueron escuchadas, eso ha llevado a que se concedan amparos en diversos juzgados”, abundó.
Elena Degollado, coordinadora del colectivo Conciencia y Libertad Ciudadana, señaló que los amparos concedidos son un triunfo de la sociedad y aclaró que no están contra las Fuerzas Armadas sino contra una estrategia fallida que ha provocado miles de muertes y desaparecidos.
“Esto no es en contra del Ejército de ninguna forma; es más, sabemos, entendemos y reconocemos que necesitamos ayuda, porque sí estamos en una época de crisis muy alta de violencia y de asaltos, pero esta ley no está hecha para solucionar este problema, queremos una ley que dé seguridad al ciudadano”.
Hernández Soriano recordó que hay por lo menos dos acciones de inconstitucionalidad, una en la Cámara de Diputados y otra del Senado, así como unas 10 controversias promovidas por diferentes ayuntamientos y el Gobierno de Chihuahua, que deben ser resueltas por la Corte.
Fuente: http://aristeguinoticias.com
