El gobierno de la República reclamará las propiedades confiscadas a mexicanos coludidos con el crimen y que se localizan en los Estados Unidos de América.
De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador existe disposición del gobierno estadunidense para alcanzar este propósito.
“Se está definiendo una estrategia para que los recursos, los fondos se regresen a México, estamos también trabajando en esto, muchos políticos y traficantes de influencias compraron propiedades en Estados Unidos, ahora que tienen estos procesos, se está buscando que estas propiedades se consideren de nuestro país, los montos y hay disposición de parte del gobierno de Estados Unidos para que se recuperen recursos y vayan a Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”, detalló el presidente al preguntarle sobre los procesos de extradición a nuestro país de distintos ex servidores públicos.
Sin proporcionar mayores detalles sobre los posibles montos o número de propiedades que podrían ser reconocidas en favor de los mexicanos, el presidente admitió que en la lista de los personajes detenidos en el vecino país o con propiedades en aquella nación se encuentran el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera; el exgobernador de Chihuahua, César Duarte; el exsecretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, así como Javier Villarreal, extesorero del gobierno de Coahuila.
En opinión del presidente, la lucha por recuperar el numerario y las propiedades son para dejar claro que su gobierno cierra las puertas a la corrupción.
“Lo que quiero dejar en claro es de que no hay impunidad y que no hay arreglo porque en algunos casos se pactaron hasta las aprehensiones y devolución de cierta cantidad de dinero, no hay negociación en estos casos, se aplica la ley y se tienen que devolver los fondos”, sentenció el jefe del ejecutivo federal al destacar que los malos servidores públicos de México, “los politiqueros y corruptos”, compraron muchos bienes en los Estados Unidos de América y desde luego en territorio nacional.
En el caso de la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que orden en diciembre del 2019 a la presidencia de la república dar a conocer las causas graves que motivaron la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, el presidente López Obrador puntualizó que, si no se daña el debido proceso, dará a conocer la información requerida.
Reiteró que durante su gobierno “la vida pública de México será cada vez más pública” y no sucederá como en el pasado donde se solapaba la corrupción y se encubría al responsable.
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