El terror y la violencia extrema de más de 40 organizaciones criminales, que mantienen como rehén a la población mexicana y amenazan a la seguridad, son el principal reto del nuevo gobierno para lograr la llamada “pacificación del país”, que busca impedir la expansión y multiplicación de las actividades de esos grupos, cuyo número es mucho mayor al reconocido oficialmente.
Especialistas coinciden en que después de tres sexenios fallidos en materia de seguridad, la delincuencia organizada que enfrentarán las nuevas autoridades no sólo se reconfiguró, sino que, como un virus social, se adaptó y, más robusta, enfrenta al Estado mexicano.
Informes oficiales de inteligencia, expertos en seguridad y redes criminales de México, Colombia y Estados Unidos, así como organismos de derechos humanos y civiles, muestran que además del tráfico de drogas, la nueva administración deberá contener a grupos que incursionan en al menos otros 15 delitos de alto impacto, como robo de combustible, secuestros, extorsión, desapariciones, desplazamiento forzado, homicidios, contrabando de armas, trata y comercio de personas, entre otros.
Las nuevas autoridades se enfrentarán al rastro que los grupos criminales dejaron al paso de 18 años de alternancia política y que convirtieron a México, según la opinión de expertos, en un país de víctimas sin atención.
Lo sucedido está documentado con los cerca de 250 mil asesinatos cometidos por estos grupos en 18 años, 36 mil 265 desaparecidos reportados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayor parte de los más de 325 mil desplazados, la estela de fosas clandestinas que se han descubierto, así como en los videos que libremente circulan desde 2005 en la web y en los que exhiben su crueldad.
No hay estado, municipio o ciudad en el que la gente no hable de la presencia de grupos criminales. Están en todas partes, pero no para la PGR, que afirma que 10 estados están libres de la operación de los nueve grandes grupos criminales que hay en el país.
El Cártel del Pacífico o de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva, los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y los Zetas no tienen presencia alguna, según la versión oficial, en la Ciudad de México, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Tabasco, Campeche y Oaxaca. Expertos opinan que ese mapa criminal no aporta nada para entender la delincuencia en el país.
El rostro de los grupos criminales se asoma en todo el territorio nacional, incluidas zonas como la Ciudad de México —donde la PGR no tomó como grupos del crimen organizado ni a Unión Tepito ni a la Anti-Unión, como tampoco a las bandas de Los Rodolfos ni de El Ojos de Tláhuac— y destinos turísticos, corredores industriales, petroleros, mineros, comerciales, pesqueros o agropecuarios.
Las nuevas autoridades encontrarán que la reconfiguración criminal y la gama de actividades ilegales en las que actúan se traducen en el sometimiento de poblaciones enteras e incluso en algunas zonas del control y gobernanza de los cuerpos policiacos, autoridades municipales estatales y federales, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Las víctimas se multiplican
Gobernadores, alcaldes y corporaciones policiacas enteras que han sido cooptadas por los grandes grupos delincuenciales que, según la PGR y cuya información recibirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, operan a través de al menos 30 subgrupos o células y su nivel de violencia es palpable en matanzas que han conmovido al país.
Entre ellas, se cuenta la desaparición y posible muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las masacres de Allende y San Fernando, Villa de Salvacar, los 36 asesinados y abandonados en la vía pública en Veracruz, los 24 albañiles muertos en La Marquesa, la ejecución de 12 policías federales en Michoacán, el crimen de 15 policías estatales por parte del CJNG en 2015, y la masacre de 23 personas, 14 decapitadas y nueve colgadas, en Nuevo Laredo.
Especialistas como los mexicanos Luis Astorga, César Alarcón Gil, Arturo Urbina Nandayapa, Zulia Orozco Reynoso, Marisol Ochoa, Jesús Pérez Caballero, el colombiano Eduardo Salcedo-Albarán y Laura Calderón, investigadora de la Universidad de San Diego, consideran que el diagnóstico que tiene que hacer el nuevo gobierno debe partir del avance de la criminalidad que fue posibilitado por factores como la corrupción, falta de transparencia, rendición de cuentas, capacitación y vacíos institucionales en los aparatos de seguridad, procuración y administración de justicia.
Explican que otros factores que desembocaron esta crisis de inseguridad y violencia fueron la ausencia de políticas públicas de largo alcance en educación, salud y bienestar social, así como el repliegue y atomización social ante los altos niveles de violencia y crueldad de grupos delincuenciales.
Todos avizoran un clima de graves complicaciones al gobierno entrante en su objetivo de desmantelar a los grupos criminales, puesto que se requiere luchar contra una estructura cimentada social, económica y políticamente. No se pueden esperar resultados extraordinarios frente a la expansión criminal que fue posible, también, con la compra y cooptación de protección política y policial, además de infiltrar cadenas empresariales, comerciales y de servicios por parte de grupos delincuenciales y del narcotráfico que reconfiguraron y adaptaron sus estructuras y operaciones a una nueva etapa dentro del crimen organizado en la esfera nacional e internacional.
Los cambios criminales incluyen desde la producción de nuevas drogas de diseño, ampliación de su portafolios de actividades, sistemas de posicionamiento social —como imponer el miedo en la población, lograr la aceptación mutua o convivencia natural— y hasta la sofisticación en el lavado de dinero y su incorporación a la era digital.
El gobierno que encabezará López Obrador deberá identificar cómo la delincuencia organizada se vale del reclutamiento de miembros que actúan en el ámbito legal y operan bajo leyes laxas que les permiten crear empresas fantasmas, participar en licitaciones públicas, triangular recursos, contar con prestanombres, poder colocar dinero en paraísos fiscales, invertir en la carrera de políticos en ascenso y hacer aportaciones a campañas políticas, entre otros delitos, de acuerdo con las fuentes.
Coinciden en que las expectativas creadas por el nuevo gobierno serán difíciles de lograr. Las transformaciones y acciones para enfrentar al crimen organizado anunciadas fueron calificadas por Luis Astorga como “ocurrencias y sin conocimiento del reto que representan estos grupos”; de “imposibles” de alcanzar en el corto plazo por César Alarcón; de “ilusiones” por Arturo Urbina; como “buenos deseos” por Zulia Orozco; mientras Eduardo Salcedo opinó que incluso una reducción de la violencia no permite asumir un éxito en el combate al crimen organizado, porque es posible que haya aumentado su eficiencia y cooptado instituciones clave para su funcionamiento. Marisol Ochoa, Jesús Pérez Caballero y la catedrática Laura Calderón dicen que nadie puede esperar resultados inmediatos.
Las alianzas para la violencia
Las labores de inteligencia desarrolladas por la PGR sobre la cantidad de grupos criminales que operan en el país y a las que tendrán acceso las nuevas autoridades indican que cuatro de ellas son originarias de Sinaloa: el Cártel de Sinaloa, los Beltrán Leyva, los Carillo Fuentes y los Arellano Félix. Las otras son el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una escisión de los grupos sinaloenses. Le seguirían el Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, los Caballeros Templarios y los Zetas.
El informe destaca que a la par de los cambios en las estructuras y operación de los grupos criminales, disponen de arsenales, que incluyen armas usadas sólo en conflictos bélicos, lo cual les sirve para enfrentar el despliegue militar o bien retar o enfrentar cualquier embate de las fuerzas del orden.
En varias de esas organizaciones hay un componente familiar que las hace operar como clanes, pero, al final, como cualquier grupo delictivo, el objetivo común es dominar zonas o regiones geográficas para obtener el control de los mercados y las ganancias de las actividades criminales.
Este componente permite ventajas como seguridad y confianza en el entorno de los líderes, mayores ganancias, alianzas no exentas de rupturas violentas con otras bandas.
En el Cártel de Sinaloa operan Iván y Alfredo Guzmán Salazar, y Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hijos y hermano del extraditado narcotraficante, Joaquín El Chapo Guzmán. A la par de ellos está Ismael El Mayo Zambada, cuya familia también participa y es activa en los negocios de la organización.
Los Beltrán Leyva, los Arellano Félix y los Carrillo Fuentes tienen el mismo ingrediente familiar, el cual juega un papel de primer orden dentro de las estructuras de mando y hasta de rivalidad con sus pares. El CNJG está bajo control de las familias Oseguera y los González Valencia, Los Cuinis; en el Cártel del Golfo la familia de los Cárdenas Guillén mantiene hasta ahora cierta influencia y, en algún momento, este rasgo estuvo presente con los Zetas, con la familia Treviño Morales, comandada por el Z-40, Miguel Treviño Morales, quien administró el grupo como empresa familiar. En los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana no es visible esta característica en común.
La permanencia y supremacía del Cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, los Arellano Félix o el surgimiento y violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con la crueldad de los Zetas y las ofensivas armadas del Cártel del Golfo y de los Caballeros Templarios, así como la Familia Michoacana, no sería posible sin la articulación de estas organizaciones con otras asociaciones criminales.
El informe de la PGR detalla que al menos 34 grupos de delincuencia organizada están coaligados a estos grupos históricos o bien de reciente creación o emergentes, pero ninguno de ellos tiene la característica de ser una organización criminal transnacional, como las nueve mencionadas anteriormente, pero su capacidad de violencia y conocimiento profundo de cada una de las zonas donde operan las hace sumamente peligrosas.
Los grupos no reconocidos
El nuevo gobierno federal deberá asumir que los grupos criminales han trasladado no sólo sus operaciones, sino también sus combates y disputas por mercados, a casi todas las regiones del país. Ahí, según el reporte oficial, hay pequeños grupos de narcomenudistas o delictivos que se disputan mercados locales, que constituyen zonas donde las autoridades locales atienden ese fenómeno.
No están en el diagnóstico elaborado por la PGR grupos criminales como Los Tequileros, Los Sierreños, Gente Nueva, Ojitos Verdes, Guardia Guerrerense, Sangre Nueva Guerrerense, Los Marín, y Los Añorve, en el estado de Guerrero —donde está 60% de los cultivos de amapola—; Unión Tepito, la Anti-Unión, Los Rodolfos ni la banda criminal de Tláhuac de El Ojos, en la Ciudad de México.
En Jalisco, el CJNG enfrenta a un grupo criminal denominado La Resistencia o Cártel Nueva Plaza, mientras que en Guanajuato confronta al grupo llamado Cártel de Santa Rosa de Lima; en Tamaulipas se encuentra otro grupo autollamado el Cártel del Noroeste; en Quintana Roo destaca el Cártel de Cancún; en Puebla y Veracruz se suman grupos como el del Bukanas; en Michoacán aparecen Los Viagras; en Chihuahua se encuentran Los Linces, entre otros grupos más que se dedican a un sinnúmero de actividades criminales que tienen un gran impacto en el costo de la inseguridad en México, pero son muchos, muchos más como en breve habrá de saber el nuevo gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
