Ciudad de México, México.- Una de las familias lesionadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones y por abuso de autoridad en contra de los contratistas vinculados al siniestro ocurrido el 28 de diciembre, el cual provocó la muerte de 14 personas y dejó decenas de heridos.
La querella fue ingresada por el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, en representación de Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y su hijo Alexis Iglesias Temích, quienes no acudieron de manera presencial, pero autorizaron a su defensa a aportar mayores elementos que fortalezcan la investigación que encabeza la FGR sobre los hechos registrados en Oaxaca.
“Es una familia que viajaba de Ciudad Juárez a Oaxaca en misión y no pudo llegar a su destino por este descarrilamiento. Presentamos la denuncia para que puedan participar activamente en la investigación”, señaló el abogado Adrián Arellano, quien advirtió que la reparación del daño podría tardar más de dos años.
El representante legal destacó que la familia decidió acudir a instancias judiciales porque “no quiere que el caso quede en el olvido”, al advertir que, aunque hoy es mediático, podría terminar archivado sin esclarecer lo ocurrido.
En comunicación telefónica, Juan Manuel Iglesias afirmó que la denuncia va dirigida contra aquellos funcionarios que “omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción”, y reclamó la situación hospitalaria en la que se encuentran las víctimas, denunciando carencia de insumos, atención limitada y falta de información clara sobre el estado de salud de los pacientes que continúan bajo vigilancia médica.
Relató que permaneció dos días afuera del hospital esperando información, mientras su hijo fue intervenido por una herida en la cabeza con 18 puntos y una lesión en el brazo. Él presenta daño en el tobillo de segundo grado, y su esposa tiene afectaciones cervicales de primer grado.
Sobre el alcance de la denuncia, la defensa explicó que se basa también en las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2019 y febrero de 2025, que apuntan a posibles fallas de supervisión, construcción y rehabilitación. Por ello, involucra a las empresas Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, además de señalar la ausencia de evidencia fotográfica de los trabajos realizados.
En respuesta a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que no es necesario iniciar procesos legales para recibir atención, Iglesias sostuvo que su intención es evitar que a las víctimas “se les cierre la puerta”.
Por su parte, el abogado Arellano pidió que este acompañamiento legal gratuito no sea visto como un obstáculo, sino como una herramienta para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia para los afectados del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
