El juez de control Juan Carlos Ramírez imputó al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht tras una audiencia de más de 12 horas, pero no le impuso prisión preventiva, por lo que de momento afrontará sus dos procesos judiciales en libertad.
El exfuncionario fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho. Previamente había sido procesado por el caso de Agronitrogenados.
A pesar de haberse fugado el año pasado, el juez sólo le prohibió salir del país. Será vigilado con un brazalete electrónico una vez salga del hospital al que ingresó con anemia tras su extradición de España.
Las medidas cautelares son similares a las que determinó el martes el juez de control José Artemio Zúñiga por la compra irregular de una planta de fertilizantes en 2013, a cambio de un soborno de la empresa Altos Hornos de México.
En esta segunda audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Lozoya por haber recibido 10.5 millones de dólares de la trama de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht tejió a cambio de obras públicas.
De acuerdo con este relato, cuatro millones de dólares le llegaron en 2012, cuando Lozoya era coordinador de campaña de Peña Nieto, y prometió al entonces director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses, un cargo en el futuro gobierno.
El resto de sobornos los obtuvo ya como director de Pemex a cambio de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz. Por estas operaciones, la constructora brasileña se benefició con 39 millones de dólares en ganancias obtenidas por los contratos.
Para esconder su identidad en la trama se asoció con su madre, su esposa y hermana.
Lozoya negó estas acusaciones, dijo haber sido “intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado” y reiteró su “compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”.
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