Un juez federal vinculó a proceso a dos experitos de la Procuraduría General de la República, por supuestamente alterar y perder evidencias de dos restos óseos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Jesús Eduardo Vázquez Rea, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, procesó a Mauricio Cerón y Patricia Gómez por sólo uno de los dos delitos contra la administración de la justicia que fueron imputados.
A los forenses se les atribuye no haber entregado un resto óseo para su análisis científico y, como consecuencia, no haber elaborado un dictamen que debió incluirse en la averiguación previa, supuesto que para la Fiscalía General de la República obstaculiza conocer la verdad de los hechos.
Los peritos, según los informes obtenidos, expusieron ante el juez un dictamen privado que concluye que los dos restos óseos que les imputan haber perdido en realidad son de aves, razón por la que no fueron considerados como indicios.
Dicho peritaje se basa en un video e imágenes obtenidas del mismo, grabado el día de la diligencia del 28 de octubre de 2014 en la zona del Río San Juan, en la que se hallaron bolsas de plástico con restos de los normalistas.
Fuentes federales informaron que el juzgador fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria, dentro del cual, tanto los fiscales federales como los imputados, reunirán los datos de prueba que presentarán para un eventual juicio.
Los procesados gozarán de la libertad provisional durante el procedimiento, pero deberán acudir a firmar cada mes a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.
El ilícito por el que quedaron vinculados al procedimiento se castiga con 4 a 10 años de prisión y de 100 a 150 días multa.
La Fiscalía General de la República originalmente imputó dos delitos contra la administración de la justicia, previstos en las fracciones 31 y 32 del artículo 225 del Código Penal Federal.
El primero fue imputado por la supuesta alteración del lugar de los hechos y pérdida de indicios relacionados con un hecho delictivo; y el segundo, por obstaculizar la investigación del hecho delictuoso.
El juez, sin embargo, consideró que el primer ilícito quedaba subsumido en el segundo y, además, analizó como una conducta delictiva adicional la conferencia de prensa que Tomás Zerón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, rindió el 27 de abril de 2016, porque en ella estuvieron presentes los dos peritos y, según la FGR, “avalaron hechos falsos”.
De acuerdo con fuentes federales, el juzgador sólo vinculó a proceso por el delito contra la administración de la justicia del apartado 32 del citado artículo y resolvió no vincular a proceso por lo que toca a la rueda de prensa, donde no observó ningún ilícito y donde los peritos sólo estuvieron presentes como público, pero no participaron en ella.
Informes obtenidos señalan que los forenses pidieron al juez anular las declaraciones de Agustín García Reyes, “El Chereje”, porque éste denunció que Zerón y otros funcionarios lo torturaron y lo llevaron ilegalmente a esa diligencia del Río San Juan, con el fin de hallar los restos óseos.
El juez, sin embargo, desestimó la solicitud y le concedió la calidad de indicio al dicho del presunto sicario de Guerreros Unidos.
Una de las contradicciones del caso es que “El Chereje” declaró que Zerón lo obligó a “sembrar” en el Río San Juan las bolsas con restos humanos de los normalistas de Ayotzinapa, indicios que permitieron identificar a una de las víctimas, pero a los peritos que estuvieron en la diligencia se les imputa perder dos indicios para no identificar a los estudiantes.
