La violencia desatada en Sinaloa como resultado de la pugna interna del Cártel de Sinaloa ha dejado un saldo alarmante de 192 asesinatos y 224 desapariciones forzadas en el último mes, según informó el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). La situación se ha agravado con el desplazamiento forzado de 200 familias en el sur del estado y el cierre de 180 negocios, lo que ha resultado en la pérdida de aproximadamente dos mil empleos formales en septiembre.
Miguel Ángel Calderón Quevedo, coordinador del CESP, destacó en conferencia de prensa que la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos continúan deteriorándose. “La gente vive con miedo, las escuelas están sin alumnos, y las calles se quedan solas por las noches”, advirtió, subrayando la emergencia social que enfrenta la población, especialmente las más vulnerables.
El conflicto, que comenzó el 9 de septiembre tras la entrega de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, a Ismael ‘el Mayo’ Zambada en Estados Unidos, ha afectado a varias comunidades, desde Elota y Eldorado hasta Escuinapa. Calderón enfatizó que los impactos de la violencia no se limitan a Culiacán, sino que abarcan todo el sur de Sinaloa.
Ante esta crisis, el CESP hizo un llamado urgente a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Rubén Rocha Moya y a los legisladores para implementar medidas sociales que prevengan una mayor emergencia social. Además, instaron a convocar a un debate profesional sobre políticas públicas para reducir el crimen organizado.
En respuesta, Sheinbaum anunció que se fortalecerán las acciones de inteligencia e investigación en Sinaloa, enfocándose en evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas. El Gobierno mexicano ha desplegado más de dos mil 500 agentes de las Fuerzas Armadas en la región, aunque los militares han señalado que el fin de los enfrentamientos depende de la resolución de las disputas internas del cártel.
