El decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que establece la autorización de manera automática de toda obra que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional” no sólo encendió las alarmas de los mexicanos, también de personajes y medios internacionales que dieron a conocer su opinión en contra del mandatario mexicano.
Debido a este conocido “decretazo”, el Wall Street Journal, uno de los medios más destacados de Estados Unidos, le dedicó su editorial a López Obrador, quien, mencionaron, “se pronunció por encima de la constitución la semana pasada”, lo cual podría representar “el comienzo del fin de la democracia mexicana”.
A pesar de lo alarmante que es otorgarle tanto poder a las Fuerzas Armadas, hasta el mandatario espera que no se mantenga, como escribió el WSJ, pues lo tildaron de ser un “acto de desesperación más que un signo de fuerza”.
Sin embargo, tal vez la estrategia del presidente, misma que fue comparada con los aranceles al acero de Donald Trump, no sea obtener el visto bueno de su modificación de ley, sino que buscaría aumentar su base de seguidores con miras al 2024.
Si se llegara a aprobar el “decretazo”, los proyectos considerados como “seguridad nacional”, de acuerdo con las leyes actuales, permiten que no haya licitaciones para los contratos, además de que los acuerdos podrán mantenerse en secreto, situación que le permitiría a AMLO otorgarle más contratos al Ejército “para construir proyectos favoritos y expandir sus oportunidades de hacer dinero”, como lo ha hecho desde el inicio de su gobierno.
Esta situación habría sido alertada desde inicios de noviembre por el periodista Jorge Zepeda Patterson, quien informó que “una nueva empresa militar ‘administrará y recibirá los ingresos del Tren Maya, el proyecto del Corredor Interoceánico, el Puerto de Coatzacoalcos, el aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, y los aeropuertos que se construirán en Chetumal, Tulum y Palenque’”.
Otro aspecto que impedirá el decreto de López Obrador serán las revisiones independientes para garantizar la viabilidad del proyecto a realizarse, así como la protección ambiental y la transparencia. Además, también implica que las autorizaciones que no se otorguen dentro de los cinco días se “considerarán resueltas en un sentido positivo”.
Para el mandatario, su decreto no implica militarización, sólo “busca acelerar la burocracia y eliminar los mandatos judiciales que se interponen en el camino de su visión de México”, señaló el medio estadounidense.
De acuerdo con el análisis del WSJ, AMLO busca con su Cuarta Transformación (4T) retroceder a la década de 1970, “cuando el ejecutivo gobernaba una dictadura blanda”. Ante ello, le hizo un urgente llamado al mandatario para lograr justicia, aunque, sentenciaron “la historia no está de su lado”.
Otro aspecto que también cuestionaron fueron los constantes avisos de desmantelar las instituciones creadas en sexenios anteriores, esto con la excusa de sus “imperfecciones”. En caso de cumplir con su palabra estaría apropiándose “cínicamente” del poder en el país.
“El verdadero problema de López Obrador es que, aunque sigue siendo popular, el país también está lleno de intereses que no siempre comparten sus puntos de vista, desde las comunidades mayas que se oponen a su tren a través de sus tierras hasta los inversores en energía con contratos firmados. En una democracia liberal, incluso los intereses minoritarios conservan sus derechos de propiedad y contratos y acceso a los tribunales”, escribió Mary Anastasia O’Grady.
Finalmente, el WSJ llamó a los mexicanos a “abrocharse el cinturón” en los próximos tres años del sexenio, pues se avecinan “confrontaciones físicas” por parte de los simpatizantes de López Obrador cuando el Congreso y los tribunales pongan límites al poder del Ejecutivo.
