Xóchitl Gálvez denuncia a hijos de AMLO por corrupción en Tren Maya

Presenta querella por presuntos actos ilícitos en proyecto clave del Gobierno.

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, ha presentado una denuncia formal contra dos hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos actos de corrupción relacionados con las obras del Tren Maya. Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes, Gálvez no solo señaló a los hijos del mandatario, Andrés Manuel (Andy) y Gonzalo (Bobby) López Beltrán, sino que también exigió investigaciones exhaustivas sobre otros individuos vinculados a la construcción de este ambicioso proyecto.

La denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción está centrada en la asignación de contratos para la adquisición de balasto en la construcción del Tren Maya, un proyecto emblemático del Gobierno federal que tiene como objetivo revitalizar la infraestructura ferroviaria y promover el desarrollo económico en el sureste mexicano. Según Gálvez, el costo del proyecto ha aumentado de manera alarmante, pasando de 120 mil millones a más de 500 mil millones de pesos, lo que plantea serias interrogantes sobre posibles irregularidades en los procesos de licitación y contratación.

A pesar de su enérgica denuncia, Gálvez enfatizó que el Tren Maya es un proyecto noble y vital para la región; sin embargo, lamentó que tanto el presidente como sus allegados hayan convertido esta empresa en un supuesto foco de corrupción. De manera estratégica, la candidata presidencial de la oposición dejó en claro que su objetivo no es la cancelación del proyecto, sino exigir transparencia y rendición de cuentas.

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La querella también incluye a otras personas relevantes en el entorno del presidente, como Pedro Salazar Beltrán, Osterlen Salazar Beltrán y el empresario Amílcar Alan Aparicio, sugiriendo que la corrupción podría haberse extendido más allá de la familia presidencial.

El Tren Maya, que abarca los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha sido objeto de controversia desde su concepción. Mientras que el Gobierno lo considera una pieza clave para impulsar el desarrollo económico y turístico en la región, organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupaciones sobre posibles impactos negativos en los derechos humanos de las comunidades indígenas y en el medioambiente.

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