SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación (SEGE), celebró la aprobación de la iniciativa que busca proteger a las y los docentes frente a denuncias falsas, una problemática que —según autoridades— ha afectado la estabilidad profesional y personal del magisterio. La propuesta, presentada ante el Congreso del Estado, fue respaldada por amplia mayoría y representa un avance relevante en materia de justicia educativa.
La reforma fue impulsada por el titular de la SEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, la exdiputada Martha Patricia Aradillas Aradillas y la diputada María Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia. Las modificaciones establecen sanciones para quienes presenten acusaciones sin sustento, además de garantizar que toda investigación se realice con objetividad y conforme a los protocolos institucionales.
Durante la sesión legislativa, el dictamen obtuvo 25 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra, lo que evidenció el consenso sobre la necesidad de fortalecer la certeza jurídica para el personal docente. Las autoridades consideraron que esta decisión permitirá consolidar comunidades escolares con mayor confianza y equilibrio.
La SEGE señaló que la iniciativa responde al aumento de casos en los que maestras y maestros fueron señalados sin pruebas, lo que provocó afectaciones emocionales, laborales y sociales. Con la reforma, se busca evitar injusticias y resguardar la integridad de quienes desempeñan un papel fundamental en la formación de nuevas generaciones.
El nuevo marco jurídico también permitirá reforzar la correcta aplicación de los protocolos escolares en situaciones que involucren a estudiantes y personal docente, promoviendo procedimientos más transparentes y eficaces. Según la dependencia, esto ayudará a que los casos reales reciban la atención que merecen y que las denuncias fabricadas no alteren los procesos internos.
Finalmente, Torres Cedillo afirmó que la aprobación de esta iniciativa es un paso decisivo hacia la construcción de entornos educativos seguros, justos y libres de violencia, subrayando que la vocación docente merece respaldo institucional y condiciones que garanticen su ejercicio con plena seguridad jurídica.
